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Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno.
La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. Ebn 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de estado de 1973.
El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo.
En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescritibilidad de los delitos de lessa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas.
Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria.
Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado.
Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad.
Atentemante,
Dra Francesca Lessa, Latin American Centre Universidad de Oxford